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Repudio multisectorial a la Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda

Según se esperaba, el plan del tumbe fue confirmado por el Tribunal Federal. Te compartimos las expresiones iniciales tanto de nuestra comisión como de distintos sectores.

1. Aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda avala deuda ilegal y absuelve a responsables

Los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, fundada por los representantes del interés público en la pasada de la pasada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015, que fue eliminada en 2017, expresaron su rechazo a la confirmación de plan de ajuste de la deuda.

“Lamentamos la aprobación de este plan de ajuste de la deuda por ser el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y la impunidad para los responsables de este desastre fiscal. Como advertimos, el legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal y aprobado hoy por la jueza Swain es el aval de sobre veintiuna (21) emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan $13,500 millones o el 40% de la deuda a pagar. Además esta sentencia del tribunal federal deja sin dar respuesta a más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”, expresó José González Taboada, CPA y presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.

“Ni la ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal han representado una solución al problema del endeudamiento insostenible y a la crisis fiscal que enfrenta la isla, sino que lo está agravando. La Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una restructuración justa, sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz. Dichos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro o aumentos insostenibles a la calidad de vida en la isla.” expresó Tato Rivera Santana, planificador e integrante de la Comisión.

2. Se expresan grupos sociales en contra de la decisión de la Jueza Laura Taylor Swain

Portavoces de grupos magisteriales, trabajadores, pensionados, universitarios, estudiantiles, profesionales y de ciudadanos a favor de la auditoría de la deuda que se unieron en la Jornada contra el Tumbe y el Plan de Ajuste de la Deuda expresaron hoy su repudio a la confirmación final por parte del Tribunal Federal del plan de ajuste de la deuda del gobierno central.

“Repudiamos la decisión de la Jueza Swain que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar y la mayoría emitida ilegalmente en el magisterio que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos. Pero los verdaderos responsables de esta pésima decisión es la Asamblea Legislativa y el Gobernador Pedro Pierluisi quienes brindaron su apoyo a la Junta de Control Fiscal en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales como era su deber con el pueblo.” expresó Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública.

“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de "cero recortes" a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el Gobernador y los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar." expreso Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo

Por parte de los grupos representativos de la UPR, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) añadió “Como llevamos meses diciendo, las nefastas consecuencias que tendrá el PAD por los próximos 25 años para Puerto Rico, no sólo será en las pensiones sino para todo el país. Sin un plan real de desarrollo económico, este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una 2nda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico, más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos que ya estamos viendo como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz para garantizar el pago a los bonistas.”

Finalizó, Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores expresando: “La confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico. El Gobernador y los Legisladores que aprobaron la Ley 53 del 2021, impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del Pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico.”