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Organizaciones envían carta abierta al gobernador, legislatura y Junta de Supervisión Fiscal con recomendaciones para lograr una reestructuración justa y sostenible de la deuda de la AEE

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SAN JUAN PR – 18 de marzo de 2022- Ante la cancelación reciente del acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una cuarentena de organizaciones ambientales, comunitarias, sindicales, sin fines de lucro y a favor de la auditoría de la deuda enviaron hoy una carta abierta al gobernador Pedro Pierluisi, a los presidentes de los cuerpos legislativos y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con recomendaciones puntuales para lograr una reestructuración justa y sostenible de la deuda de la AEE. Desde la firma del acuerdo cancelado, estos grupos diversos han expresado sus preocupaciones desde distintos frentes y sectores, por lo que aprovecharon para unirse en esta ocasión en llevar un mensaje en consenso al gobernador, legislatura y JSF.

Como primer paso ineludible, exigen una auditoría independiente de la deuda que evite que el pueblo pague deuda ilegal, así como no permitir el pago injusto de bonos no asegurados conforme al contrato de fideicomiso bajo el cual se emitieron. “Definitivamente, el gobernador actuó correctamente al cancelar el acuerdo original y lo celebramos. Ahora, tenemos la oportunidad de tomar pasos correctos y evitar que el pueblo pague por una deuda ilegal o no asegurada. La gente no tiene dinero para regalar a los bonistas y la deuda que se pague debe ser indiscutiblemente legal; cualquier duda de legalidad debe ser resuelta a favor del pueblo” afirmó la Lcda. Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

El pasado martes el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero, expresó que el gobierno pondera descartar la estructura legal pactada en el acuerdo anterior, por lo que las organizaciones firmantes recomiendan no establecer un aumento en la tarifa de energía eléctrica a través del nuevo acuerdo que se pacte. “Una vez se logre el recorte máximo a la deuda, no se debe imponer un aumento determinado en la tarifa de la luz como parte del acuerdo. La AEE no se debe comprometer a aumentarle la factura a los consumidores de una manera predeterminada que pueda poner en riesgo las necesidades de la población. Seguiremos reiterando que no podemos seguir tratando la reestructuración de la deuda de la AEE como un asunto estrictamente económico. La energía eléctrica es un derecho humano y todas las personas deben tener un acceso constante, estable y asequible a energía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. El pago de la deuda no puede ir por encima de las necesidades básicas de la gente” sentenció Charlotte Gossett Navarro, Directora Principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.

A su vez, según reiterado por el gobernador públicamente, las organizaciones insisten en la importancia de no imponer un cargo sobre la autogeneración de energía renovable. “Un nuevo acuerdo de reestructuración no debe recaer en la imposición de un cargo por kilovatio-hora a las nuevas instalaciones de energía renovable en techos. Cualquier medida que desaliente la transición a energía renovable es ilegal y contraria a la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” expresó la Lcda. Ruth Santiago del Comité Diálogo Ambiental.

De igual forma, las organizaciones elevaron la urgencia de proteger las pensiones y convenios colectivos a través del proceso de negociación. “Es necesario asegurar el financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de la AEE, mantener el modelo de beneficio definido y cero recortes a las pensiones. Tienen que respetar la integridad de los convenios colectivos vigentes y los derechos adquiridos y protegidos por la Ley 120-2018. Tienen el retiro y vida de nuestros pensionados en sus manos. Nos tienen que proteger” reclamó Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente de la UTIER.

Finalmente, las organizaciones firmantes solicitaron la mayor transparencia en el proceso de evaluación de alternativas y participación ciudadana en la decisión final porque el impacto de este proceso de reestructuración afectará a todos los residentes de nuestra isla y futuras generaciones. El gobierno tiene la responsabilidad de explicarle al pueblo cómo lograron el recorte máximo de la deuda y se aseguraron de que el nuevo acuerdo pactado es uno verdaderamente justo, sostenible y beneficioso para el país.

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