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Cuestionan fuente de repago en acuerdo de la Junta con Bonistas de la AEE

(San Juan, 27 de enero de 2022) Como parte de las vistas públicas sobre la Resolución del Senado 270 para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico llevar acabo una investigación para “identificar mecanismos para el repago de la deuda de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no causen aumentos tarifarios al precio de energía al consumidor”, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público llamó a que antes de identificar nuevos mecanismos de repago se realice una auditoría integral de la deuda de la corporación pública y que no se apoye el acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal con los bonistas de la autoridad.

Durante las vistas públicas depuso el CPA, José González Taboada, actual presidente de la organización y ex-integrante de la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 del 2015, “en el 2016 la antigua comisión publicó un informe donde advertimos irregularidades en las emisiones de deuda de la corporación pública porque no se cumplió con lo dispuesto en el Trust Agreement de la AEE que imponía límites y requisitos para esas emisiones de deuda. El incumplimiento con esos requisitos y la evidente mala situación financiera que enfrentaba la corporación era o debía ser conocida por los bonistas o intermediarios y podrían hacer de esta deuda anulable y no pagadera sin necesidad de seguir imponiéndole más cargas económicas al pueblo de Puerto Rico.”

También añadieron en su ponencia en el Senado que el acuerdo alcanzado por la Junta, que impondría un cargo adicional en la factura de energía para pagar esos bonos, sería reconocerle garantías y fuentes de repago que los bonistas nunca tuvieron derecho cuando compraron esos bonos. Según depusieron, estos bonistas sabían que recibirían el pago o intereses sobre su inversión sólo si la corporación tenía ingresos netos después que se pagara todas sus obligaciones. Incluso según los escritos radicados en el Tribunal de Quiebra por la propia Junta de Control Fiscal en el 2019, bajo los términos claros e inequívocos del “Trust Agreement” NO se le otorga a los bonistas ningún derecho o interés de garantía en (i) los ingresos brutos en efectivo de la AEE, (ii) cualquier otro efectivo que no llegue al Fondo de Amortización o Fondos Subordinados, (iii) el derecho de la AEE a recibir ingresos en el futuro, o (iv) cualquier otra propiedad de la AEE.”

Según González Taboada “el enfoque principal de la legislación sobre insolvencia y las prácticas de reestructuración de la deuda se basa en la remodelación de la estructura financiera y organizativa de los deudores que experimentan dificultades financieras para permitir la rehabilitación y continuación de las operaciones. En la lengua inglesa, proveer al deudor a “fresh start”. Pero este no es el caso de Puerto Rico. El proceso de reestructuración de la deuda ha sido invertido para hacer más fuertes a los acreedores y más débiles al deudor.”

Por su parte la Lcda. Eva Prados, abogada y directora ejecutiva de la entidad, añadió a preguntas de los senadores: “a diferencia de los bonos de obligaciones generales o de COFINA, los bonos de la AEE eran lo que se conoce como “deuda no asegurada” y no hay ni había ninguna obligación legal o garantía de imponerle al pueblo de Puerto Rico la carga de repago de esta deuda. Si la corporación quebró, los bonistas cobran de lo que había en los fondos y cuentas destinados a eso, no tienen derecho a más y menos transferirnos el pago a la ciudadanía. Además, seguimos hablando de deuda que no fue auditada y que todo indica se hizo en violación de la misma reglamentación tanto de la corporación pública como de los propios mercados financieros para este tipo de emisiones de deuda.’

La Comisión, es una corporación sin fines de lucro que tiene la misión de realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esta Comisión, de naturaleza estrictamente ciudadana, dará continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015, que fue eliminada en 2017.